Rúbrica
Narcojueces, narcoelección
Por Aurelio Contreras Moreno
Todos los malos augurios sobre el desastre que implicarían la reforma y la
elección judicial se han estado cumpliendo uno por uno.
Desde la vulgar simulación de la insaculación “maiceada” de candidaturas a las
posiciones de jueces, magistrados y ministros, hasta el desastre que implicará la
instalación de casillas, pasando por el nulo interés que en la ciudadanía provoca
este proceso que los vocingleros del régimen no dejan de calificar, a gritos
desaforados, como “histórico” –aunque sí, será un fracaso de esas proporciones,
ni quién lo dude-, lo más grave es lo que todo mundo advirtió que iba a pasar: la
infiltración de candidatos que representan los intereses del crimen organizado.
Este miércoles, el presidente del Senado, el cada vez más impresentable Gerardo
Fernández Noroña, ofreció una rueda de prensa en la que reconoció que una
veintena de aspirantes a juzgadores federales fueron identificados como
defensores de narcotraficantes, por lo cual no cumplen con el requisito de
“probidad” e “idoneidad” que se estableció para participar en este proceso.
¿De verdad alguien pensó que iba a ser diferente? De por sí, el crimen organizado
está infiltrado como la humedad en todos los ámbitos de la vida pública y privada
de nuestro país. Regiones enteras son dominadas por estos grupos que hacen lo
que se les da la gana, extorsionan, secuestran y asesinan sin que autoridad
alguna se atreva a meterse con ellos. Por miedo o complicidad. Y su operación en
procesos electorales de todos los niveles ha sido totalmente abierta, descarada y
documentada en los últimos años. ¿Por qué la elección judicial, que además
carece de absolutamente todos los controles de los comicios constitucionales,
habría de ser diferente?
Empero, lo que resulta más preocupante es que, como si nada, quienes tenían la
responsabilidad de revisar los perfiles de los aspirantes a juzgadores y de integrar
las listas de candidatos, y que fueron además quienes aprobaron el bodrio de la
reforma judicial, ahora salgan con que se les “colaron” defensores de narcos. Pero
eso sí: los van a “impugnar” para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación los eche abajo.
Nadie con dos dedos de frente, ante la brutal demolición de las instituciones de la
transición democrática que hemos presenciado en los últimos meses, puede
creerles, como asegura Fernández Noroña –la encarnación de la hipocresía
política-, que “no hubo mala fe en ningún caso” por parte de los comités
evaluadores que integraron las listas que, por si fuera poco, también pasaron por
el tamiz del propio Senado de la República. Tampoco es creíble que solo sean 20,
como dice el bravucón morenista.
Si fueron omisos por accidente, valiente cuadrilla de imbéciles incompetentes en
los que se dejó esa responsabilidad. Si fue con conocimiento de lo que aprobaban,
no es otra cosa que una reiteración más del narcoestado que rige sin pudor en
México.
Varios abogados defensores de criminales han sido exhibidos en sus nexos con
Morena y los gobiernos de la autoproclamada “cuarta transformación” en los
últimos meses. Y las presiones que desde Estados Unidos se ejercen hacia el
gobierno mexicano para que proceda contra funcionarios y exfuncionarios de
todos niveles y jerarquías ligados al crimen organizado son prueba de la
descomposición que, si bien no inició con éste ni con el anterior gobierno de la
República, sí se acentuó en los últimos seis años. Podredumbre que aunque la
presidenta y sus corifeos la nieguen, brota por todos lados y no se ve voluntad real
por sanear.
Y si así está la narcoelección judicial federal, espérese a las de los poderes
judiciales de los estados.
Y narcocorridos
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle afirmó que no prohibirán ni regularán la
interpretación de “narcocorridos” en presentaciones y espacios públicos, a pesar
de que son una clarísima apología del delito.
Según, porque en este gobierno “nosotros no prohibimos nada”. Solo “se hacen
los exhortos para que no se haga publicidad a la apología del delito”, dijo la
gobernadora.
Ah bueno, qué alivio.
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